Comentario

Los dos primeros actos conocidos del reinado de Alfonso se complementan entre sí y son el mejor exponente de la situación del reino en 1252. Alfonso devaluó la moneda y como consecuencia "encarescieron todas las cosas en los regnos de Castilla e de León", lo que obligó a fijar, en las Cortes celebradas en Sevilla, los precios máximos de numerosos artículos, poner límite a los gastos suntuarios, intentar frenar la especulación, prohibir la exportación de animales y de productos alimenticios y tomar diversas medidas tendentes a restaurar la decaída economía castellana. La subida de salarios y precios y la tendencia al lujo termina por arruinar a cuantos dependen de ingresos fijos y en general a todo el reino excepto a los mercaderes, y son decisivas para explicar las continuas sublevaciones nobiliarias y el fracaso de la política exterior y de las reformas intentadas por Alfonso X. En los primeros años del reinado, la nobleza encontró una salida a sus problemas económicos en la intervención en el Algarve portugués, cedido por Sancho II a Alfonso en 1245 como recompensa por la ayuda castellana durante la guerra civil portuguesa y reclamado por Alfonso III en 1252; la guerra tuvo como principal escenario Extremadura y finalizó con un acuerdo por el que el Algarve y los castillos de Moura, Serpa, Aroche y Aracena eran atribuidos a Portugal pero quedarían en poder de Castilla hasta que el hijo de Alfonso III y de Beatriz de Castilla (matrimonio concertado al firmar la paz en 1253) llegara a la edad de siete años. El éxito portugués fue seguido de una intervención en Navarra, donde Alfonso pretendía ser reconocido como señor feudal por Teobaldo II; la intervención de Jaime de Aragón en apoyo de Navarra impidió la ocupación del reino por Alfonso X,cuya presencia en Navarra sirvió sin embargo para renovar los derechos castellanos sobre Gascuña, región incluida en la dote y nunca entregada a Leonor, esposa de Alfonso VIII, y ofrecida ahora al Rey Sabio por Gastón de Bearn, sublevado contra el monarca inglés. Ni Inglaterra ni Castilla tenían interés en iniciar una guerra por Gascuña, y tras algunas negociaciones que desembocaron en una alianza contra Navarra, los rebeldes gascones fueron perdonados y Alfonso entregó Gascuña en dote a su hermana Leonor, que casaría con Eduardo de Inglaterra. Los intereses peninsulares aparecen claramente vinculados a los europeos tras la muerte del emperador alemán-siciliano Federico II, cuya herencia se disputan, entre otros, los reyes de Castilla y de Aragón, que intervienen activamente en los enfrentamientos entre güelfos y gibelinos, partidarios los primeros de la hegemonía del pontífice y los segundos del predominio del emperador. Alfonso X, como hijo de Beatriz de Suabia, tenía unos derechos teóricos al trono imperial, derechos que le fueron ofrecidos en 1256 por la ciudad gibelina de Pisa. La elección imperial, celebrada en 1257, dio lugar al nombramiento de dos emperadores: Alfonso de Castilla y Ricardo de Cornualles, hermano del rey de Inglaterra. Ambos aceptaron el nombramiento y Alfonso X intentó movilizar las fuerzas económicas del reino para hacer efectivo el título imperial, pero su elección no fue aceptada por el Pontificado y Castilla se negó a financiar las campañas imperiales, a pesar de lo cual Alfonso mantuvo sus pretensiones hasta 1275 y orientó la política exterior del reino hacia la obtención de aliados que le permitieran convertir en realidad el sueño imperial. Las aspiraciones imperiales condicionan la política interior del reino y la situación económica de Castilla, unida al malestar de los nobles convierten, a su vez, en irrealizable el sueño de Alfonso. Las medidas tomadas por Alfonso X en 1252 fueron incapaces de contener el alza de precios y el desmedido lujo de la población castellana, y las Cortes de Segovia suprimieron, al parecer, las tasas puestas en 1252, ya que si antes los precios subían de un modo oficial, después de los acuerdos de Sevilla los mercaderes se negaron a vender a los precios fijados y los revendedores acapararon los productos, provocaron su escasez artificial y los vendieron a precios más elevados. Una nueva devaluación monetaria realizada por estos años agravó aun más la situación y contribuyó de nuevo a incrementar los precios y a dificultar cualquier aportación económica del reino al Imperio ofrecido en 1256. Dos años más tarde, las Cortes reunidas en Valladolid intentaron reorganizar la economía castellana mediante una serie de medidas tendentes a reducir el gasto privado y público. La penuria de la monarquía y de los súbditos fue la causa de la convocatoria de las Cortes de Jerez (1268), en cuyo preámbulo el rey afirma que reunió las Cortes porque "las gentes se me quejaban mucho de la gran carestía que había en mi tierra"; las medidas superaron con mucho a las acordadas anteriormente. Por primera vez nos hallamos ante un intento serio de organizar la economía castellana: por un lado se busca incrementar la producción y por otro se ordena que ésta no sea exportada, que esté al servicio del reino, del que sólo podrá salir en casos muy concretos y a cambio de artículos considerados de interés para Castilla, como el oro, la plata y los metales en general. Al prohibir la exportación se ponen las bases de una posible industria castellana e, indirectamente, se limitan las importaciones y el gasto consiguiente al impedir que se paguen los artículos del exterior con moneda o con materias primas castellanas. Se desanima la importación de productos de lujo asignándoles un precio fijo y creando puertos o aduanas en las que se obligará al pago de impuestos... Para cumplir los acuerdos de las Cortes era precisa la tranquilidad interior y el control de la situación por el monarca, pero en 1269 la autoridad del rey fue discutida por los nobles, que se sienten agraviados porque el monarca intenta sustituir el Fuero Viejo de Castilla, favorable a los privilegios nobiliarios, por un nuevo código en el que se fortalece la autoridad del monarca; al agravio jurídico se une el económico: los nobles se quejan del exceso de impuestos, de la extensión de la alcabala, impuesto del diez por ciento sobre las ventas, a los hidalgos, y de la creación de pueblos de realengo en León y Galicia, pueblos que atraen a los campesinos de las tierras nobiliarias. En todas sus reclamaciones y peticiones, nobles sublevados y fieles al monarca (sublevación y lealtad son dos formas de alcanzar el mismo objetivo) insisten en que su actuación tiene como finalidad el bien de la tierra y el restablecimiento de los buenos fueros de época anterior, a lo que responderá Alfonso, en carta dirigida en 1275 a su hijo Fernando, con las siguientes palabras: "Así como los reyes los criaron (a los nobles) así se esforzaron ellos por destruir a los reyes y quitarles los reinos... y así como los reyes les dieron heredades, así se esforzaron ellos por desheredarlos confabulándose con sus enemigos, robando la tierra, privando al rey poco a poco de sus bienes y negándoselos... Este es el fuero y el bien de la tierra que ellos siempre quisieron". Imposible explicar más claramente los problemas a los que tuvieron que hacer frente en el siglo XIII todos los reyes peninsulares. Pacificado el reino tras hacer concesiones a los nobles, Alfonso X abandonó Castilla para entrevistarse en la ciudad francesa de Beaucaire con Gregorio X y conseguir el reconocimiento de sus aspiraciones imperiales. El gobierno fue confiado al primogénito, Fernando, que murió en Andalucía al intentar contener los avances benimerines (1275). Teóricamente, la sucesión correspondía a los hijos de Fernando, a los infantes de la Cerda, a cuyo lado se situarán los Lara, mientras otra parte de la nobleza dirigida por los Haro aceptará como heredero al segundo de los hijos de Alfonso, a Sancho IV, alegando que, ausente Alfonso del reino y siendo menores de edad los infantes, Sancho es el único capaz de hacer frente a la amenaza de los benimerines. Los éxitos militares de Sancho fueron decisivos para que al regresar de Beaucaire, sin haber visto atendidas sus peticiones, Alfonso X aceptara como heredero a Sancho cuyo nombramiento interesaba, además, por razones de política exterior. La presencia entre los valedores de Sancho del señor de Vizcaya, Lope Díaz de Haro, exigía aceptar a Sancho si Alfonso quería intervenir en Navarra, donde desde la muerte de Enrique I (1274) existía un partido favorable a la vinculación a Castilla y otro que propugnaba la aproximación a Aragón o a Francia cuyo rey, Felipe III, había tomado partido por sus sobrinos los infantes de la Cerda: el problema sucesorio castellano se transformaba así en un conflicto internacional en el que el objetivo inconfesado era el reino de Navarra. Ante el indeciso resultado de los combates, Alfonso X intentó negociar con Felipe III, cuyo apoyo era necesario para que el pontífice reconociera los derechos de Alfonso al Imperio, y llevó el pleito sucesorio a las Cortes, cuyo beneplácito era previo a la concesión de ayuda económica. Las Cortes de Segovia (1278) ratificaron el nombramiento de Sancho y concedieron los subsidios pedidos, pero el cobro se retrasó y Alfonso tuvo que recurrir a los prestamistas judíos, que adelantaron el dinero y se encargaron, en nombre del rey, de efectuar el cobro de las ayudas votadas. El matrimonio de la heredera navarra con el primogénito del monarca francés puso fin a las pretensiones de Alfonso y con ellas desapareció el apoyo a Sancho: el rey castellano buscó una solución de compromiso que le permitiera repartir el reino entre Sancho y los infantes, refugiados en Aragón. Sancho se opuso a la división y encabezó una nueva revuelta en la que tuvo a su lado a gran parte de la nobleza, a los eclesiásticos y a numerosas ciudades, mientras Alfonso X sólo pudo contar con algunos nobles, con las ciudades de Sevilla y Murcia y, en el exterior, con el monarca francés, interesado en asegurarse a través de los infantes un cierto control sobre Castilla. El aliado natural de Sancho en el exterior sería el rey de Aragón, enfrentado al monarca francés desde la ocupación de Sicilia en 1282 y guardián de los infantes de la Cerda refugiados en sus dominios. En su último testamento, Alfonso X desheredó a su hijo y proclamó herederos a los infantes bajo la tutela de Felipe III de Francia, que heredaría Castilla sí los infantes murieran sin descendencia. Abandonado por todos, el Rey Sabio murió en Sevilla en 1284; su testamento no fue respetado.